LA RELIGIÓN NO PUEDE SER IMPUESTA

En poco más de 24 horas, dos amigos blogeros han mostrado sus quejas, absolutamente justificadas, por la falta de rigor y de firmeza del gobierno a la hora de hacer cumplir la Constitución y las leyes en lo que se refiere a la retirada de símbolos religiosos de los edificios de titularidad estatal (evidentemente me refiero a los que son retirables) y sobre la cuestión de la dichosa clase de religión católica.

En el primero de los casos, y me reitero en ello, opiné en Ciberculturalia, el uso de la prudencia a la hora de aplicar las leyes, a fin de que no se pueda interpretar por personas de buena fe, que el cumplimiento de las normas es una agresión innecesaria a sus creencias. Decía que es preferible la persuasión, la pedagogía, aunque ello suponga algún retraso en esa retirada.

Pero, en todo caso, los símbolos religiosos deben desaparecer de los centros públicos, donde ni tienen que estar, ni deben de suponer una discriminación , para asegurar la neutralidad activa del estado en esta materia.

En el Blog Kabila, se plantea hoy mismo la cuestión, mucho más preocupante, de la enseñanza de la religión en los colegios. Y digo más preocupante porque, esa asignatura, no se limita a una enseñanza de la historia del cristianismo, sino que pretende "formar" a los alumnos dentro del catolicismo romano.

La verdad es que en este asunto la jerarquía católica hispana, posiblemente la más retrógrada, junto a la polaca, del mundo, actúa con una prepotencia y una falta d escrúpulos y de tacto indignantes que, lo único que van a conseguir al final, es radicalizar a todo el mundo incluidos los que estamos por solucionar las cuestiones a base de acuerdos. ¡Ya está bien de pretender imponer a todos su religión!

Tiene que convencerse la Conferencia Episcopal (CEE) que España no tiene una religión oficial desde hace muchos años y que no existe la obligación de recibir de forma alguna la enseñanza religiosa en los colegios ni públicos ni concertados.

Evidentemente si existe la de garantizar ese derecho a quien quiera ejercerlo, pero hay se acaba todo. Por lo tanto, nadie puede ser obligado a estudiar religión, ni católica, ni cualquier otra.

Creo que en este asunto se está actuando con demasiada benevolencia y, quizá por eso, la CEE parece que confunde esta actitud conciliadora, basada posiblemente en la creencia de que en España pervive un fuerte sentimiento católico, vinculado muchas veces más al folclor popular que a la fe, con lo que considera estupidez e ignorancia de lo demás y hace uso y abuso de unos supuestos derechos y prerrogativas que sencillamente no posee. Pero no, ni somos estúpidos, ni estamos en la ignorancia.

Las palabras del Cardenal Rouco Varela van en este sentido insultante, cuando afirma que la clase de religión es “intocable”, porque manifiestan un desprecio absoluto por la opinión de los ciudadanos y un llamamiento a no cumplir la Constitución, porque esa clase es perfectamente prescindible. ¿Cree acaso que nos tragamos ese cuanto?

La Iglesia Católica no tiene, en absoluto, derecho a imponer nada a nadie, ni su ideario, ni su visión de la vida y de la muerte, ni su catecismo, ni sus ceremonias, ni sus colegios, ni su enseñanza, ni sus procesiones, ni sus festividades, ni sus sanciones morales, ni nada que tenga que ver con su confesión.

Puede, evidentemente, opinar sobre cualquier cuestión de forma libre, siempre y cuando entienda que su “magisterio” debe dirigirse a sus fieles y no al conjunto de la sociedad en lo que respecta a su confesión. Sus normas carecen por completo de validez para quienes no pertenecemos a esta secta, de la misma forma que no cumplimos el Ramadán, ni nos circuncidamos.

No puede, por tanto, tratar de convertir en ley, lo que sólo es una respetable norma moral para ellos. Será, sin duda, un pecado abortar, divorciarse o propiciar una muerte digna, pero no un delito. Me pueden excomulgar, pero no meter en el cárcel.

Otra cosa es que la mayoría seamos sensatos y prudentes y, muchas veces, hagamos la vista gorda ante determinadas situaciones a fin de no enturbiar las relaciones con una institución que, efectivamente, aún tiene un peso especifico importante.

Que concejales, alcaldes y cualquier otro cargo que represente de alguna forma al estado, asista a ceremonias de carácter religioso es sólo una señal de cortesía nada más y, ciertamente, no supone la aceptación de privilegios ni prerrogativas.

Pero que no se confundan sus jerarcas: esto es fruto de la buena voluntad de la mayoría y no viene dado en absoluto por el imperativo de una norma, ni de ley alguna, ni histórica, ni reciente.

Y, efectivamente, como apunta Felipe Medina, es muy posible que buena parte de estos espinosos y ya pestilentes problemas, se solucionaran con la supresión de los acuerdos, verdaderamente lesivos y onerosos, que para el Estado suponen sus pactos con la Iglesia.

Y, finalmente, digo esto desde el más absoluto respeto a los católicos españoles, entre los que tengo muy buenos amigos, pero que deben entender que la mayoría hemos optado por separar la religión del ámbito de lo público y reducirlo a lo estrictamente privado.