ACUSACIÓN Y PROPAGANDA

En la Roma imperial era costumbre arraigada que se lanzaran todo tipo de acusaciones contra los personajes públicos, sobre todo si eran ricos, porque en el caso de que se demostrara su culpabilidad una buena parte de sus bienes pasaba automáticamente al acusador. Era una forma legal pero inmoral de enriquecerse.

Era tal el cúmulo de acusaciones que muchas veces los implicados se suicidaban, antes de que se celebrara el juicio, para evitar la ruina de sus familias ya que al morir el acusado la acusación dejaba de tener efecto. Así murieron muchos inocentes.

Las inculpaciones eran de lo más variopintas: adulterio, incesto, robo, deslealtad con el emperador, traición, conspiración, publicación de libelos etc.

Pues bien, parece que en España volvemos a reeditar las viejas costumbres romanas y no hay día en el que algún personaje de la vida pública, en cualquiera de sus facetas, se vea envuelto en una demanda por las cosas más disparatadas.

Y, así, vemos como son denunciadas madres por presuntamente secuestrar a sus hijos, padres por no pasar la pensión alimenticia y, sobre todo, políticos de toda clase y condición por delitos relacionados con el cohecho, la estafa y la prevaricación. En muchos casos la demanda no pasa del primer filtro judicial.

Hace poco mostré mi preocupación por lo que considero una utilización morbosa de las imagines de los imputados en un delito pero, de la misma forma, me preocupa la utilización de la justicia para enfangar subrepticiamente a los políticos.

Es cierto que, en la mayor parte de las ocasiones, es el propio sistema judicial o policial el que actúa de oficio, con lo que la garantía de que se obre de acuerdo con la ley, es mucho mayor.

Sin embargo, también otras muchas veces, son organizaciones de claro signo ultramontano las que acusan a instituciones o personas con tal de armar revuelo y ponerlos en una situación complicada.

El último caso, y que va dar mucho que hablar, es el de Diego López Garrido, secretario de estado para la UE que ha sido acusado de prevaricación a causa de una subvención que se concedió a una fundación de la que él fue, en algún momento, partícipe.

Los querellantes son integrantes de una asociación católica muy conservadora y que ya se ha distinguido en ocasiones anteriores por efectuar acusaciones que no han prosperado por ser, según la propia justicia, un conjunto de intenciones espurias. Sin embargo, consiguen propaganda que es lo que pretenden y que el demandado quede en entredicho.

Ahora, esa misma asociación, se ha querellado contra el citado López Garrido y aquí es donde está el problema fundamental porque, sí usamos para todos los políticos la misma vara de medir, el secretario de estado ya debería ir pensando en presentar su dimisión, tal y como se pide en el caso de otros políticos que están en idéntica situación, es decir, acusados pero pendientes de la consiguiente resolución judicial.

El problema es que, por este procedimiento, cualquiera puede, como en la Roma imperial, acusar a otra persona de un delito, y bastaría que el juez aceptase a trámite la querella para que el personaje en cuestión tuviera serias dificultades a la hora de no asumir responsabilidades políticas.

Mantengo, en cualquier caso, que una cuestión es la vía penal y otra muy distinta la responsabilidad política de los cargos públicos. O dicho de otra forma, la inocencia penal no es equivalente a la irresponsabilidad política.

Tal vez hemos llegado a un extremo en el que habrá que replantearse si una querella presentada contra cualquier persona, especialmente si este es un cargo público, y que después no va más allá de la mera admisión a trámite y finalmente es archivada con una severa admonición contra el querellante, no debería ser severamente sancionada de alguna forma para evitar que la proliferación de denuncias, además de colapsar los juzgados se use de forma fraudulenta para obtener réditos inmorales.

Nos hemos acostumbrado a que las acusaciones falsas queden absolutamente impunes y esto ha animado a toda clase de gentecilla carente de ética a usar esta arma como método propagandístico de confrontación política y, es esta, otra de las causas que desacreditan al sistema democrático.

No se entienda esto como una defensa cerrada de López Garrido que, en mi opinión, y dadas las circunstancias comentadas, ya debería haber dimitido.