UN DESASTRE SIN PALIATIVOS

La actitud de los controladores aéreos españoles, que han abandonado sus puestos de trabajo aludiendo una especie de estrés repentino y multitudinario, tras conocer el decreto del Gobierno sobre la regulación de sus horarios y otras cuestiones laborales, sólo puede merecer el más agrio y contundente de los reproches por parte de los sindicatos, las fuerzas políticas y los ciudadanos en general.

Se han aprovechado de una situación especial, en el que muchos viajan en avión, para provocar tal caos en los aeropuertos que ha sido necesario declarar el estado alarma y militarizar el espacio aéreo nacional que, además, ha sido cerrado.

Más de 300.000 personas se han visto afectadas directamente y, otras muchas más, que aún no se han cuantificado, se verán perjudicadas en los próximos días. Porque además de no poder salir de España por vía aérea, tampoco se puede llegar. Esto es verdaderamente inaceptable.

En un país en el que el turismo es la primera de sus industrias resulta verdaderamente inadmisible que se pueda poner en jaque a tantas y tantas personas que, en estos momentos, esperan cualquier oportunidad para revitalizar sus maltrechos negocios.

Pero, sin duda, este Gobierno también tiene una parte importante de responsabilidad en todo este conflicto porque, pese a que se lleva a arrastrando desde hace muchos años, no ha sido capaz de lograr una solución definitiva que impida que estas situaciones se puedan producir.

Durante años este colectivo, en un régimen de monopolio, ha establecido un sistema de trabajo en el que nadie podía intervenir, y no sólo me refiero al asunto de sus salarios, sino incluso en el establecimiento de los horarios, el reparto de las horas extraordinarias y la formación de nuevos controladores.

Es verdad que este problema ya se lo encontró esta gobierno pero, en mi opinión, no es menos verdad que no parecía que existiera hasta que llegó la crisis y hubo que empezar a ahorrar y a rebajar salarios. Sólo entonces se puso en el tapete el problema de los controladores.

El gobierno, por boca de su ministro de Fomento, atizó ese problema como un ariete contra los controladores para que la opinión ciudadana se pusiera en este asunto de su parte, sin explicar que durante toda la primera legislatura los sueldos eran los mismos y no se había hecho absolutamente nada. ¿Es qué acaso esos sueldos eran más exagerados e injustos en 2009 que dos años antes?

Además, como dijo el diputado de IU, Gaspar Llamazares, poco sospechoso de dedicarse a defender posiciones de privilegio, el ministro utilizó una agresividad innecesaria, una visceral impropia de alguien que está destinado a resolver una cuestión tan espinosa y en la que, muchas veces, el tacto es un arma decisiva.

Cuando escribo estas líneas se acaba de declarar el estado de alarma. No hay precedentes desde que acabó la dictadura y se somete a los controladores a la legislación militar. Es una decisión d extrema gravedad ¿Cómo se ha podido llegar a este extremo?

Estas son preguntas a las que unos y otros nos deberán responder pronto. No basta con pedir disculpas.