HACE 75 AÑOS

Han pasado ya nada menos que 75 años desde aquel nefasto 18 de julio de 1936, día en el que una parte del ejército,  que no era mayoritaria ni mucho menos,  fracasó en su intento de dar un golpe de Estado contra el gobierno de la República,  provocó una carnicería sin precedentes en nuestra historia   y dio al traste con el mejor intento modernizador que había conocido España,  para someterla a una dictadura totalitaria y feroz.

Pasados tantos años,  esta fecha no debería ser motivo nada más que de recuerdo,  sólo una referencia en los textos de los libros de los estudiantes  y  fuente de estudio para los historiadores e investigadores.

Sin embargo, resulta verdaderamente entristecedor que hoy,  pasados esos 75 años,  todavía sea una fecha para la reivindicación, para reclamar justicia, para que se reconozca que aquello fue un acto criminal, y que se condene sin paliativos a quienes provocaron la barbarie. 

Es incalificable que se discuta sobre la legalidad y la legitimidad del gobierno que sufrió el golpe y se siembren dudas sobre quiénes fueron los que provocaron el desastre en el que se vio sumida la nación entera.

Porque,  si algo es cierto,  es que  con ese golpe fracasado y la guerra consiguiente,  España retrocedió más de doscientos años en la historia,  volvió al antiguo régimen absoluto que había sido abolido  por la gran Revolución Francesa, de la que la República española directa era heredera.

Y,  salvo unos pocos,  toda la ciudadanía acabó perjudicada y sometida al terror, aunque mucha de ella no alcanzara a darse cuenta y  otra mirara durante demasiados  años para otro lado.

Justificar,  o pretenderlo,  como hace la caverna derechista hispana,  el alzamiento sobre la base de peligros inexistentes,  es una indignidad en lo ético,  un aberración  en lo político y una demostración de ignorancia supina en lo histórico.

Pretender equiparar la violencia desencadenada por los sublevados, perfectamente planificada,  brutalmente sistemática  y ejecutada con el  expreso apoyo de las “autoridades“ franquistas",  con la violencia desatada en el campo republicano es un ejercicio de una maldad difícilmente explicable.

Es cierto,  que en  la zona controlada por el gobierno legítimo,  se cometieron actos violentos manifiestamente reprobables,  injustificables,  pero en pocos casos,  fueron las autoridades quienes las alentaron y,  es más,  a lo largo del conflicto,  una vez que la “normalidad” se iba recuperando,   la violencia pasó a ser monopolio del Estado. 

Esto tiene que quedar meridianamente claro para las futuras generaciones.

También debe quedar absolutamente explicado que sólo hubo unos responsables de todo lo sucedido:  los protagonistas del alzamiento en armas que torcieron por la fuerza lo que no pudieron ganar en las urnas.

Esperemos que  algún día ya no sea necesario repetir estas obviedades.