EL GOLPISTA

La Constitución de un país es el resultado de un pacto entre la mayor parte de los ciudadanos que, en un momento determinado, se ponen de acuerdo para elevar a rango de Ley suprema un acuerdo sobre el modo de convivencia político, social y hasta económico.

Su reforma suele considerarse complicada porque  requiere que se renueve el pacto entre la mayor parte de la sociedad y no siempre es un objetivo sencillo.  Por tanto, su cambio debe contar con el apoyo máximo posible y, desde luego, con el refrendo de los ciudadanos.  Lo contrario se puede considerar un verdadero golpe contra esa Ley.

Y esto es lo que ha propiciado el infame inquilino de la Moncloa con el apoyo entusiasta del Partido Popular que, como es bien sabido,  se pasa la Constitución por el forro en cuanto conviene a sus intereses.


Hace ya tiempo que sabemos que España carece de gobierno. Que quienes a sí mismos se llaman, ufanos, Gobierno de España, no son más que una serie de peleles indignos a las ordenes de los mercados que transmiten sus dictados a través de una mandataria extranjera que es quien verdaderamente decide.


No hace falta insistir en toda la serie de medidas que este pelele y sus cómplices han tomando en los últimos años de crisis y las consecuencias que han tenido para la mayor parte de la sociedad y las que van a tener en el futuro.


Ahora ha dado un paso más y con alevosía y nocturnidad ha presentado una reforma de la Constitución en menos de una semana para incluir un techo de gasto en los Presupuestos según le han ordenado, como todo el mundo sabe,  los mercados por boca de la mandataria extranjera.


Una inclusión que es absolutamente innecesaria,  no porque no se deba ser austero en el gasto,  sino porque basta con su inclusión en  la Ley de Ejecución Presupuestaria para que eso se lleve a cabo sin que resulte un compromiso lacerante para el futuro.


Es tanta la indignidad y la inutilidad de esta medida que,  por una vez,  incluso desde su propia organización se han oído algunas voces discrepantes –pocas- pero contundentes contra el pelele.


Y,  al final, no ha incluido ni siquiera una cifra concreta en la propuesta de reforma del artículo correspondiente de la Constitución,  sino una idea general de que hay que ser cauto a la hora de gastar.  Ya habrá tiempo de hacer otra Ley para establecer esa cantidad que, casi seguro, se va a quedar en el 0,4 por ciento del PIB,  lo que demuestra la inutilidad de tocar la Constitución por ese motivo.


Y,  evidentemente,  como no quiere sorpresas, niega la necesidad de consultar a los ciudadanos sobre algo que nos afecta directamente,  porque cualquier cambio sobre la política económica tiene una repercusión muy seria sobre la sociedad, como se podrá comprobar no demasiado tarde.


Por mucho que se empeñen desde el gobiernillo y su partido, los recortes sociales, justificados por la necesidad del equilibrio presupuestario, van a a ser una dura realidad, tanto en épocas de vacas gordas, si es que algún día las hay, como en las de vacas flacas. 


La austeridad en el gasto será  la justificación de cualquier gobierno, mucho más si como parece probable el próximo es del PP,  para liquidar lo poco que queda del estado social. Una vez más le han hecho el trabajo sucio a la derechona.


Así que estamos ante un golpe en toda regla dado por este personaje indecente contra la norma de convivencia de los españoles, apoyándose en la caverna capitalista y en un parlamento moribundo.