Siempre es una estupenda noticia que se logre detener la ejecución de alguna persona porque, desgraciadamente, no es muy frecuente. Por eso me ha producido gran satisfacción que en Irán se haya parado - ya veremos que pasa al final- la lapidación de Sekineh Ashtianí, una mujer de 43 años, acusada de adulterio.
Los iraníes sufren desde hace muchos años una dictadura teocrática que supone no sólo una ofensa para todos los que optamos por vivir en sistemas de libertad individual y colectiva, sino incluso para todos los que son creyentes, pero saben que hay que separar claramente lo que es la vida política de la vida religiosa. ¿Cómo puede ser delito un adulterio?
El caso de esta mujer es verdaderamente vergonzoso, ya que, ha sido condenada sólo por la capacidad que la sharía da los jueces de poder sentenciar sólo con su intuición, es decir sin necesidad de tener pruebas claras de la comisión de un delito, en manifiesta violación de las mínimas garantías procesales, aunque inssisto en el disparate que supone penar esa relación, con o sin pruebas.
Afortunadamente Sekineh Ashtianí ha tenido la suerte de que su abogado, una vez agotadas todas las vías legales posibles, ha acudido a organizaciones internacionales como Amnisitia Internacional (AI) que se han movilizado y que, con su contundente presión, han conseguido, al menos por ahora, forzar al gobierno de Teherán a cancelar la ejecución. Espero que sea de forma definitiva y sea libre pronto.
Pero, ¿qué pasa con todos los procesos en donde no hay esta posiblidad? Según AI, Irán es el segundo país del mundo donde se producen más ejecuciones, después de China, lo que desde luego supone un verdadero récord si se tiene en cuenta la diferencia de población entre los dos estados.
Además, como señalé antes, no existen las garantías procesales, es frecuente la tortura en la más absoluta impunidad y el testimonio de los hobres es más válido que el de las mujeres, Y, aunque no se penaliza la homosexuaiudad, por ejemplo, se buscan miles de pretextos para liquidar a quienes lo son, con otras acusaciones.
Ciertamente habrá quien me diga, y con razón, que no sólo en Irán suceden estas cosas. Es verdad y, sin ir más lejos , en los Estados Unidos existe la pena de muerte en muchos estados y generalmente se aplica con mucho más rigor a los integrantes de las comunidades negra e hispana que a los anglosajones. Y hay muchos más ejemplos, por supuesto.
Pero, en mi opinión, en esos países, con ser absolutamente condenable esa situación, es diferente el problema porque no se trata, salvo algún caso en el África subsahariana, de sistemas teocráticos en los que los clérigos de una determinada secta aplican la justicia divina a toda la sociedad de forma fanática por encima de los preceptos civiles.
Se podrá decir con certeza que los códigos penales de esos países (EE.UU y otros) son aberrantes y sus garantías procesales cuestionables pero, y esto es lo importante, se puede rectificar desde la sociedad civil y no depende de la voluntad interpretativa del ayatoláh de turno.
En todo caso, queda mucho por hacer y mucha barbaridad por evitar.
