Tengo la impresión de que con el final de 2010, un año que para la mayoría ha sido verdaderamente siniestro, se ha acabado mucho más; creo que ha finalizado una forma de vivir que habíamos creído consolidada y que en poco tiempo se ha desvanecido casi por completo como una burbuja. Esa burbuja que tantos problemas ha ocasionado.
Porque uno de los aspectos más trágicos de la actual crisis, es que se ha llevado por delante una parte considerable de los derechos sociales que había costado tanto tiempo y tanto esfuerzo alcanzarse y en muchos, además, países de forma incompleta. Prácticamente han bastado tres años para demoler todo lo conseguido. Pero, ¿es esto consecuencia de la propia crisis y sólo de la crisis, o hay algo más detrás?
Las agresiones que hemos sufrido la mayor parte de los ciudadanos y que se han traducido en recortes sociales de todo tipo, desde la pérdida del empleo, la vivienda, la bajada de sueldos, hasta la pérdida de beneficios fiscales, pasando por subidas generalizadas de todo tipo de servicios, sólo han sido posible por la complicidad manifiesta de los gobiernos que se han plegado a los intereses de los llamados mercados que, en su mayoría, son la banca financiera.
En definitiva, por simplificar, parece que de lo que se trata de acabar con el estado del bienestar en su forma actual; esto no es, en mi opinión, consecuencia de la crisis, sino un plan perfectamente premeditado por quienes tienen como objetivo prioritario reemplazar el estado del bienestar como derecho democrático por un mero negocio.
Para que esto se pueda convertir en realidad hay que empezar por provocar pánico entre los ciudadanos, un temor cierto (al menos que así lo parezca) a que el futuro puede ser terrible si no se adoptan una serie de medidas que impidan un colapso de la economía. La conclusión es que el estado del bienestar no es sostenible y la tarea es convencer a cuantos más mejor.
Por ese motivo, no es casualidad que uno de los mayores ataques sea contra el sistema de pensiones. En realidad no se trata tanto de salvar las jubilaciones del futuro, como de lograr que el pánico, perfectamente organizado, lleve a la mayor parte de los ciudadanos, a considerar la posibilidad de complementar con un plan privado las pensiones del Estado.
Evidentemente para que ese plan tenga éxito, es necesaria toda una campaña de intoxicación y de desinformación por parte de los gobiernos que, elegidos por la ciudadanía, tienen más credibilidad que las compañías de seguros o los bancos que son quienes van a beneficiarse de este pastel.
Porque, sin duda alguna, el negocio de las pensiones va a ser muy suculento y no puede dejarse pasar la oportunidad de encontrar otra forma de ganar más, e impedir que sean los estados el que gestione con justicia distributiva semejante filón.
Por lo tanto, de lo que se trata es de que el estado del bienestar pase, de ser un derecho universalizado, a ser un negocio que ahondará más las diferencias sociales. Quien pueda pagar tendrá una jubilación mucho mejor que quien no haya podido acceder a los sistemas privados.
Lo más trágico de este asunto es que una buena parte de la población estará mucho más preocupada por cómo acceder a ese pan privado, que de preocuparse porque el estado hace dejación de ese derecho universal.
Por eso es fundamental organizarse en la defensa de los derechos sociales. A muchos esto les puede parecer muy poco; preferirían una auténtica revolución que pusiera al sistema patas arriba. Esto es hoy inconcebible con la relación de fuerzas que existe.
Y, además, esto ya no es sólo una tarea de las fuerzas de izquierda tradicionales. Hay que contar con todos aquellos que reconocen el peligro les acecha, que dentro o fuera de los partidos, de los sindicatos, o de cualquier otra organización son conscientes de lo que está en juego.
