Los acontecimientos se precipitan de tal modo que, a la hora de elegir un tema para comentar, resulta difícil la decisión porque son muchas las posibilidades y todas ellas sobre asuntos de extrema gravedad para la ciudadanía.
De este modo, las consecuencias de la crisis que se van a derivar de las medidas del Gobierno para una buena parte de los ciudadanos se ven hoy, sino apagadas, si al menos ensombrecidas por la decisión judicial de suspender al magistrado Baltasar Garzón.
No voy a hacer un penegírico de Garzón, porque ya otros los han hecho con mucho más talento y porque creo que, en el fondo, el problema esencial no es Garzón, quien, muy posiblemente, sí es víctima de una injusticia legal, sino algo mucho más grave: España no es un estado de Derecho.
¿De qué otra forma podemos definir la situación a la que hemos llegado a causa de la demanda que algunos sectores de extrema derecha, pusieron contra el magistrado como consecuencia de su investigación sobre los crímenes cometidos durante la dictadura franquista?
Resulta inconcebible que a estas alturas todavía sea imposible esclarecer dónde están enterrados millares de personas asesinadas por un régimen que ha merecido la condena general, salvo en la propia España, donde aún tiene muchos y por lo que se ve muy poderosos partidarios.
Me pregunto qué pasa con los derechos de todos aquellos que están pidiendo que, de una vez, se sepa dónde están todas esas personas, cuyos derechos también existen. Me pregunto que clase de estado es este que no es capaz de garantizar que esos derechos imprescriptibles, según el derecho internacional, se vean respetados y, aún más, claramente garantizados por las instituciones del propio estado.
Resulta inaudito, al margen de consideraciones procesales que agravarían más la cuestión, que un juez se vaya a tener que sentar en un banquillo por dar carta de naturaleza a una serie de investigaciones, que debería ser el propio sistema judicial español el que tendría que avalar, patrocinar, animar y provocar en cada uno de los casos que les lleguen.
Paradojicamente, con una crueldad que raya en lo más extremo, este Estado tan irrespetuoso con las víctimas de una dictadura sanguinaria, ha entrado hoy a formar parta de la sección de las Naciones Unidas para la vigilancia de los Derechos Humanos. Verdaderamente no se podría haber elegido una fecha más inapropiada para una infamia semejante.
Porque no es sólo un Estado de Derecho aquel que garantiza, o dice garantizar, los derechos individuales y formales de los ciudadanos; tiene que proteger igualmente que, esos mismos ciudadanos, vean satisfechos sus deseos de reparación histórica frente a la barbaríe pasada.
La deriva de esta país en muchos aspectos relacionados con los derechos políticos es muy preocupante. La prohibición, sin ir más lejos, de formaciones políticas basada en la infame Ley de partidos es una buena prueba de ello, y hoy, de la mano del Consejo General del Poder Judicial, se ha dado un paso definitivo para dejar de ser un estado de derecho, si es que alguna vez lo llegó a ser.
Hoy es sin duda alguna una de las fechas más graves para la nación, para la justicia, para las instituciones y para todos aquellos que siempre hemos defendido el estado de Derecho como base fundamental de las relaciones públicas y privadas.
