¿DEFENSORS DE LA TERRA?

Desde hace mucho tiempo tenemos que soportar que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se presente como el único y verdadero defensor de los intereses de Catalunya. Sólo desde ese partido se tutelan los derechos de los catalanes y se asegura un porvenir maravilloso a todos si alguna vez tienen el poder absoluto. Pero, como dice el aserto, obras son amores y no buenas razones y, en muchas ocasiones, los hechos desmienten categóricamente las afirmaciones y promesas. Paso, sin más preámbulo, al asunto que me ocupa.

El diario El Punt, publica en su edición digital de hoy que el Pleno del Ayuntamiento de Castelló D’Empuries, cuyo alcalde es Salvi Güell (ERC, en la foto), aprobó ayer el POUM que prevé la construcción de más de 1.600 viviendas nuevas, entre las que hay que tener en cuenta algún hotel gigantesco y reconoció que supera con creces los que quería que se edificaran cuando este partido estaba en la oposición (hasta 2007) al gobierno CiU-PSC. Dice que así se conseguirán más equipamientos.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Castelló está regido por ERC, gracias al apoyo del PP, una tránsfuga del PSC y una asociaicón llamada Entesa que predica la autonomia de los grupos municipales. ¿Van tomando nota queridos blogeros).

Todos estos personajes son los que han dado su apoyo a este plan.

Resulta que la tal Entesa, en un boletín publicado antes de las elecciones de 2007, que se llama “Punt de diàleg”, hacía un desesperado llamamiento (en catalán, castellano, ingles, francés y alemán) a todos los castelloníns (nacidos y venidos) para que votaran a esta candidatura para que no se levara adelanta el POUM que proponía el anterior equipo de gobierno para parar la edificación masiva en Castelló y en la residencial Empuriabrava.

Porque, ocurre, que en Castelló existe una marina residencial que se había proyectado como una zona de descanso y retiro para quienes quisieran vivir allí y que, con el paso del tiempo, como decía la propia Entesa en su citado boletín (disponible en la red) se ha masificado y deteriorado a pesar de los precios exorbitantes de las viviendas y de los altos impuestos que soportan vecinos y comerciantes de la zona.

Para mayor abundamiento la concejala tránsfuga, Dolors del Fresno, ahora no adscrita y antes en el PSC, provocó el 9 de septiembre la suspensión del Pleno en el que se iba a aprobar el POUM, porque se “despistó y se le pasó la hora del mismo”, según sus propias palabras.

Por supuesto, la cosa ha quedado en una mera petición de disculpas y nada más. Y este señora es la ¡primera teniente de alcalde!

Además, el concejal de Urbanismo (y segundo teniente) Pere Iglesias, es precisamente el representante de Entesa, la misma organización tan catalana que quería hace dos años proteger Castelló contra la especulación inmobiliaria para proteger el entorno y la vida sosegada.

No voy a entrar en los detalles del plan, pero por lo que informa El Punt (disponible en www.elpunt.cat) es una auténtica aberración. Valga como información adicional que en la web del Ayuntamiento hay una encuesta sobre el Plan, rechaza por el 65 por ciento de los que han participado..

Y después de todo esto me pregunto si Catalunya puede confiar su destino en este “gent tan ufana i tan superba”.

LA RELIGIÓN NO PUEDE SER IMPUESTA

En poco más de 24 horas, dos amigos blogeros han mostrado sus quejas, absolutamente justificadas, por la falta de rigor y de firmeza del gobierno a la hora de hacer cumplir la Constitución y las leyes en lo que se refiere a la retirada de símbolos religiosos de los edificios de titularidad estatal (evidentemente me refiero a los que son retirables) y sobre la cuestión de la dichosa clase de religión católica.

En el primero de los casos, y me reitero en ello, opiné en Ciberculturalia, el uso de la prudencia a la hora de aplicar las leyes, a fin de que no se pueda interpretar por personas de buena fe, que el cumplimiento de las normas es una agresión innecesaria a sus creencias. Decía que es preferible la persuasión, la pedagogía, aunque ello suponga algún retraso en esa retirada.

Pero, en todo caso, los símbolos religiosos deben desaparecer de los centros públicos, donde ni tienen que estar, ni deben de suponer una discriminación , para asegurar la neutralidad activa del estado en esta materia.

En el Blog Kabila, se plantea hoy mismo la cuestión, mucho más preocupante, de la enseñanza de la religión en los colegios. Y digo más preocupante porque, esa asignatura, no se limita a una enseñanza de la historia del cristianismo, sino que pretende "formar" a los alumnos dentro del catolicismo romano.

La verdad es que en este asunto la jerarquía católica hispana, posiblemente la más retrógrada, junto a la polaca, del mundo, actúa con una prepotencia y una falta d escrúpulos y de tacto indignantes que, lo único que van a conseguir al final, es radicalizar a todo el mundo incluidos los que estamos por solucionar las cuestiones a base de acuerdos. ¡Ya está bien de pretender imponer a todos su religión!

Tiene que convencerse la Conferencia Episcopal (CEE) que España no tiene una religión oficial desde hace muchos años y que no existe la obligación de recibir de forma alguna la enseñanza religiosa en los colegios ni públicos ni concertados.

Evidentemente si existe la de garantizar ese derecho a quien quiera ejercerlo, pero hay se acaba todo. Por lo tanto, nadie puede ser obligado a estudiar religión, ni católica, ni cualquier otra.

Creo que en este asunto se está actuando con demasiada benevolencia y, quizá por eso, la CEE parece que confunde esta actitud conciliadora, basada posiblemente en la creencia de que en España pervive un fuerte sentimiento católico, vinculado muchas veces más al folclor popular que a la fe, con lo que considera estupidez e ignorancia de lo demás y hace uso y abuso de unos supuestos derechos y prerrogativas que sencillamente no posee. Pero no, ni somos estúpidos, ni estamos en la ignorancia.

Las palabras del Cardenal Rouco Varela van en este sentido insultante, cuando afirma que la clase de religión es “intocable”, porque manifiestan un desprecio absoluto por la opinión de los ciudadanos y un llamamiento a no cumplir la Constitución, porque esa clase es perfectamente prescindible. ¿Cree acaso que nos tragamos ese cuanto?

La Iglesia Católica no tiene, en absoluto, derecho a imponer nada a nadie, ni su ideario, ni su visión de la vida y de la muerte, ni su catecismo, ni sus ceremonias, ni sus colegios, ni su enseñanza, ni sus procesiones, ni sus festividades, ni sus sanciones morales, ni nada que tenga que ver con su confesión.

Puede, evidentemente, opinar sobre cualquier cuestión de forma libre, siempre y cuando entienda que su “magisterio” debe dirigirse a sus fieles y no al conjunto de la sociedad en lo que respecta a su confesión. Sus normas carecen por completo de validez para quienes no pertenecemos a esta secta, de la misma forma que no cumplimos el Ramadán, ni nos circuncidamos.

No puede, por tanto, tratar de convertir en ley, lo que sólo es una respetable norma moral para ellos. Será, sin duda, un pecado abortar, divorciarse o propiciar una muerte digna, pero no un delito. Me pueden excomulgar, pero no meter en el cárcel.

Otra cosa es que la mayoría seamos sensatos y prudentes y, muchas veces, hagamos la vista gorda ante determinadas situaciones a fin de no enturbiar las relaciones con una institución que, efectivamente, aún tiene un peso especifico importante.

Que concejales, alcaldes y cualquier otro cargo que represente de alguna forma al estado, asista a ceremonias de carácter religioso es sólo una señal de cortesía nada más y, ciertamente, no supone la aceptación de privilegios ni prerrogativas.

Pero que no se confundan sus jerarcas: esto es fruto de la buena voluntad de la mayoría y no viene dado en absoluto por el imperativo de una norma, ni de ley alguna, ni histórica, ni reciente.

Y, efectivamente, como apunta Felipe Medina, es muy posible que buena parte de estos espinosos y ya pestilentes problemas, se solucionaran con la supresión de los acuerdos, verdaderamente lesivos y onerosos, que para el Estado suponen sus pactos con la Iglesia.

Y, finalmente, digo esto desde el más absoluto respeto a los católicos españoles, entre los que tengo muy buenos amigos, pero que deben entender que la mayoría hemos optado por separar la religión del ámbito de lo público y reducirlo a lo estrictamente privado.

ARENYS PROVOCA MIEDO

La furibunda, desproporcionada y dogmática reacción de los máximos representantes de la borbón-cracia con ocasión de la consulta efectuada en el pueblo barcelonés de Arenys de Munt sobre la posibilidad de que Catalunya se convirtiese en un estado de derecho dentro de la UE, demuestra, en mi opinión, dos cosas especialmente significativas.

En primer lugar el miedo cerval que en España produce el más mínimo intento de que se opine sobre cuestiones que afecten, por muy de lejos que sea, a la sagrada unidad de la patria. España es la patria común e indivisible de los españoles y a los que no les agrade que les den.

Por eso, muchas veces, me produce verdadera risa oír al ministro Rubalcaba cuando dice, para justificar el silencio al que es sometida la izquierda abertzale, que desde la democracia, siempre y cuando no sea por medios violentos, se puede defender cualquier idea, cualquier opción.

La reacción a la consulta absolutamente democrática y pacífica de Arenys, demuestra que eso es mentira. Habría de añadir el ministro que es defendible cualquier opción que no disguste a la España unidad de destino en lo universal, según la eterna definición de Falange Española.

La segunda cuestión es que hay una coincidencia absoluta entre los partidos constitucionalistas a la hora de impedir cualquier tipo de expresión soberanista, como bien lo ha expresado Maria Teresa Fdez. de la Vega, quien ha dejado bien claro que el derecho de autodeterminación no tiene cabida en la actual constitución. Algo que, por supuesto, ya sabemos de sobra. Ya están las Fuerzas Armadas para defender la integridad territorial.

Por lo tanto es inútil esperar de los dos partidos PP y Psoe cualquier tipo de aproximación hacia posiciones de comprensión, lo que no significa compartir opinión, en este asunto. Y esto vale para sus sucursales autonómicas, tal y como se ha visto con lo ocurrido en el País Vasco con el pacto entre Pachi López y Basagoiti y con la actitud del PSC.

Y, desgraciadamente, tampoco en IU, todos tienen muy claro esta cuestión y. en demasiadas ocasiones, se oyen voces que expresan una intolerancia absurda y penosa frente a la opción soberanista.

Y repito, no es que se obligue a nadie que se sume por fuerza al soberanismo sino, sencillamente, que se entienda que puede existir esa opción, que tiene derecho a expresarse y a intentar por todos los medios democráticos a su alcance, lograr convencer a la mayoría y, esto, incluye los refrendos a los ciudadanos. Es bueno conocer la opinión de los demás.

Parece ser que la experiencia de otros países como por ejemplo Canadá, donde ya se han realizado dos consultas sobre la independencia de Québec, no tienen validez y deduzco que sus sistemas democráticos no deben ser imitados. Claro que también es verdad que hay democracias de primera y de segunda y hasta de tercera.

Por todo esto, resulta muy lamentable, que ni siquiera nos podamos pronunciar libre, pacífica y democráticamente sobre una cuestión que, como todos sabemos también, y ya se han encargado los Pepiños y las Aguirre de toda clase de recordar, no tiene la más mínima trascendencia legal, ni jurídica. Entonces, ¿por qué esta terrible reacción?

Yo se lo digo: miedo a la libertad, miedo a la democracia, miedo al derecho de pensar por uno mismo.

Reacción que, además, está rodeada de una gran mentira porque el Ayuntamiento de Arenys no ha consultado a los ciudadanos sobre la posible independencia de Catalunya, sino que sencillamente aprobó en un pleno, dar apoyo logístico, es decir prestar un local municipal, a una entidad privada que fue la que ideó la pregunta en cuestión.

Pero, posiblemente, lo que más desasosiego me produce es la incomprensión de los españoles. La mayoría de los ciudadanos se suman de forma irreflexiva al bipartidismo unificador también en esta cuestión y hacen coro con aquellos que, como el expresidente de Extremadura, Rodríguez Ibarra, hacían del insulto demagógico a Catalunya el eje de su política.

Siempre di por bueno que dentro de un sistema federal, Catalunya podría encontrar una formula de convivencia saludable con España beneficiosa para todos, que dejara satisfecha a la gran mayoría. Hoy empiezo a pensar muy seriamente que esta posibilidad está cada día más lejana. Y como yo, otros muchos. Por eso crece el soberanismo.

Y creo, así mismo, que el problema no es encajar a Catalunya dentro de España. Estimo que desde España no se ha hecho jamás el más mínimo esfuerzo por entender a Catalunya ni a los catalanes y que, al final, todo se reduce a simplificaciones absurdas más propias de nostalgias imperiales.

Recomiendo, como ejercicio de reflexión, encarecidamente la lectura de la Oda a Espanya de Joan Maragall. Quizá aún estamos a tiempo.