jueves, agosto 29, 2013

EL CASO CIFUENTES


El accidente que ha tenido la Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha ocasionado una reacción de ira en su contra que ha quedado palmariamente reflejada en las redes sociales,  donde han abundado los mensajes de entusiasmo por ese hecho  e, incluso, pocos desde luego,  algunos que han manifestado claramente sus peores deseos para Cristina Cifuentes.

¿Maldad, odio, falta de sentimientos o algo similar? Aunque una respuesta generalizadora es siempre peligrosa,  me atrevería a decir que no, que en absoluto quienes han manifestado esas opiniones lo han hecho por maldad,  sino más bien por un sentimiento de ira y rabia que se lleva acumulando mucho tiempo.

Nos podrá parecer exagerado,  podremos incluso rechazar semejantes actitudes pero,  si no se va al fondo del problema,  estas condenas no solucionarán nada y quedarán, como otras tantas veces,  en un ejercicio hipócrita de lamentación. Algo así como esa frase manida y estúpida de “condeno la violencia, venga de donde venga”.  Pues no.

En las sociedades desarrolladas,  en las que se ha alcanzado ( o se cree haber alcanzado) un grado de convivencia aceptable para la mayor parte de la ciudadanía,   hemos logrado un acuerdo por el que se ha cedido a las fuerzas de seguridad el monopolio de la aplicación de la Ley.  De este modo,  ejército y policía por un lado,  y funcionarios de justicia por otro,  se convierten en los garantes de los derechos de todos.  Y en ese todos no hay exclusiones posibles, ni por motivación alguna.

Es decir que,  por ejemplo,   que nadie es culpable hasta que se demuestra lo contrario es un principio que debe ser respetado por todos y garantizado inexcusablemente por los encargados de ello, fundamentalmente los funcionarios de justicia. No parece que en este país esto ocurra así en muchas ocasiones.

En esta línea,  el derecho a la manifestación,  como parte fundamental de la libertad individual y colectiva de los ciudadanos,  debe ser garantizado por quienes están designados mediante ese pacto global al que antes me he referido para ello. 

Por tanto,  los cuerpos de seguridad están no para impedir el derecho a la manifestación sino para garantizarlo,  por muy extravagante que pueda parecer una convocatoria.  Es un derecho intocable.  Así que,  si mañana un colectivo quiere manifestarse para que España tenga  una estación en la Luna, nadie se lo puede impedir y debe protegerse su derecho por todos los medios al alcance e impedir que sea vulnerado por otros.

Y,  aquí, es donde entra,  en mi opinión,  el asunto de Cristina Cifuentes:  esta Delegada ha entorpecido ese derecho y ha abusado de su poder para reprimir de forma,  muchas veces brutal,  el ejercicio de ese derecho,  de forma que ella,  unilateralmente,  ha roto el pacto con los ciudadanos  por el que el gobierno,  cualquiera que se éste,  es responsable de garantizar que se cumpla escrupulosamente el acuerdo general que permite a esas fuerzas, de las que es responsable,  tener el monopolio de la violencia.

Es evidente que ese pacto,  por el que se cede el monopolio de la violencia,  no puede usarse en contra de quienes son precisamente los beneficiarios del mismo,  de igual forma  el Ejército no puede recurrir a la violencia en el interior porque se única misión es garantizar la integridad del territorio del estado, la policía no puede reprimir el derecho a manifestarse y solo podría intervenir contra quienes violentan ese derecho.

Queda claro, creo,  que al vulnerar el derecho a manifestarse,  Cristina Cifuentes se ha situado conscientemente fuera de la Ley,   fuera del pacto,   y debe responder por ello.  No es casualidad que los tribunales hayan rechazado muchas de sus famosas multas, por ejemplo.

¿Puede alguien que ha sufrido semejante desautorización,  aunque no haya todavía una decisión judicial final,  permanecer en un cargo político cuya misión es precisamente la garantía de unos derechos que está presuntamente  vulnerando?

Y esto no es cuestionar la presunción de inocencia,  porque hay unos hechos concretos de los que es políticamente responsable. Otra cuestión es la responsabilidad penal que ya se dirimirá en su momento.

Porque,  si el presidente de Afif,  debe dimitir o ser cesado por el accidente del Alvia Madrid- Ferrol, al margen de su posible responsabilidad penal, qué justifica que otro cargo no lo deba ser también cesado en el desempeño de su función por un mal uso de su poder.


La Delegada en Madrid debería reflexionar muy seriamente sobre su conducta.  No es posible que ese furor contra su persona sea resultado de la campaña de unos agitadores radicales pagados por la izquierda.  No, detrás de toda esa ira,  hay un comportamiento que ha desatado una reacción que tiene su origen en un problema muy serio: represión pura y dura frente al derecho .