El accidente que ha tenido la Delegada del
Gobierno en la Comunidad de Madrid ha ocasionado una reacción de ira en su
contra que ha quedado palmariamente reflejada en las redes sociales, donde han abundado los mensajes de entusiasmo
por ese hecho e, incluso, pocos desde
luego, algunos que han manifestado
claramente sus peores deseos para Cristina Cifuentes.
¿Maldad, odio, falta de sentimientos o algo
similar? Aunque una respuesta generalizadora es siempre peligrosa, me atrevería a decir que no, que en absoluto
quienes han manifestado esas opiniones lo han hecho por maldad, sino más bien por un sentimiento de ira y
rabia que se lleva acumulando mucho tiempo.
Nos podrá parecer exagerado, podremos incluso rechazar semejantes actitudes
pero, si no se va al fondo del problema,
estas condenas no solucionarán nada y
quedarán, como otras tantas veces, en un
ejercicio hipócrita de lamentación. Algo así como esa frase manida y estúpida
de “condeno la violencia, venga de donde venga”. Pues no.
En las sociedades desarrolladas, en las que se ha alcanzado ( o se cree haber
alcanzado) un grado de convivencia aceptable para la mayor parte de la
ciudadanía, hemos logrado un acuerdo por el que se ha cedido
a las fuerzas de seguridad el monopolio de la aplicación de la Ley. De este modo, ejército y policía por un lado, y funcionarios de justicia por otro, se convierten en los garantes de los derechos
de todos. Y en ese todos no hay
exclusiones posibles, ni por motivación alguna.
Es decir que, por ejemplo, que nadie
es culpable hasta que se demuestra lo contrario es un principio que debe ser
respetado por todos y garantizado inexcusablemente por los encargados de ello,
fundamentalmente los funcionarios de justicia. No parece que en este país esto
ocurra así en muchas ocasiones.
En esta línea, el derecho a la manifestación, como parte fundamental de la libertad
individual y colectiva de los ciudadanos, debe ser garantizado por quienes están
designados mediante ese pacto global al que antes me he referido para ello.
Por tanto, los cuerpos de seguridad están no para impedir
el derecho a la manifestación sino para garantizarlo, por muy extravagante que pueda parecer una
convocatoria. Es un derecho intocable. Así que, si mañana un colectivo quiere manifestarse
para que España tenga una estación en la
Luna, nadie se lo puede impedir y debe protegerse su derecho por todos los
medios al alcance e impedir que sea vulnerado por otros.
Y, aquí,
es donde entra, en mi opinión, el asunto de Cristina Cifuentes: esta Delegada ha entorpecido ese derecho y ha
abusado de su poder para reprimir de forma, muchas veces brutal, el ejercicio de ese derecho, de forma que ella, unilateralmente, ha roto el pacto con los ciudadanos por el que el gobierno, cualquiera que se éste, es responsable de garantizar que se cumpla
escrupulosamente el acuerdo general que permite a esas fuerzas, de las que es responsable,
tener el monopolio de la violencia.
Es evidente que ese pacto, por el que se cede el monopolio de la
violencia, no puede usarse en contra de
quienes son precisamente los beneficiarios del mismo, de igual forma el Ejército no puede recurrir a la violencia
en el interior porque se única misión es garantizar la integridad del
territorio del estado, la policía no puede reprimir el derecho a manifestarse y
solo podría intervenir contra quienes violentan ese derecho.
Queda claro, creo, que al vulnerar el derecho a manifestarse, Cristina Cifuentes se ha situado
conscientemente fuera de la Ley, fuera
del pacto, y debe responder por ello. No es casualidad que los tribunales hayan
rechazado muchas de sus famosas multas, por ejemplo.
¿Puede alguien que ha sufrido semejante desautorización,
aunque no haya todavía una decisión judicial
final, permanecer en un cargo político cuya
misión es precisamente la garantía de unos derechos que está presuntamente vulnerando?
Y esto no es cuestionar la presunción de
inocencia, porque hay unos hechos
concretos de los que es políticamente responsable. Otra cuestión es la
responsabilidad penal que ya se dirimirá en su momento.
Porque, si el presidente de Afif, debe dimitir o ser cesado por el accidente del
Alvia Madrid- Ferrol, al margen de su posible responsabilidad penal, qué
justifica que otro cargo no lo deba ser también cesado en el desempeño de su
función por un mal uso de su poder.
La Delegada en Madrid debería reflexionar muy
seriamente sobre su conducta. No es
posible que ese furor contra su persona sea resultado de la campaña de unos
agitadores radicales pagados por la izquierda.
No, detrás de toda esa ira, hay
un comportamiento que ha desatado una reacción que tiene su origen en un
problema muy serio: represión pura y dura frente al derecho .