Si a cualquiera de nosotros le dijeran que un partido político o un determinado grupo social intentan introducir en el Código Penal la gula como un delito, nuestra reacción iría, posiblemente, desde la sonrisa condescendiente, hasta la mayor estupefacción, ante semejante desatino.
Todos sabemos, y respetamos esa creencia, que, desde la perspectiva católica, la gula, deseo desordenado de comer y beber, es uno de los siete pecados capitales y, por tanto, desde la eventualidad de la salvación del alma, un motivo de condenación.
Incluso podríamos considerar, desde una posición más próxima a la ética, francamente condenable atiborrarse de comida y desperdiciarla si tenemos en cuenta la cantidad de personas que cada día se mueren de hambre en el mundo. Repito que desde una perspectiva ética pero nunca con intención punitiva.
Viene esta breve disquisición a cuento del asunto, ya manido, de la abolición o regulación de la prostitución y de la actitud que determinada izquierda toma frente a este asunto.
En concreto, me ha sorprendido, y mucho, aunque por supuesto, desde el más absoluto respeto, la propuesta expresada por el recién elegido secretario general del PCE, José Luis Centella, quien ha afirmado que la prostitución debe ser incluida dentro de la violencia de género.
Precisamente porque es ésta una aseveración generalizadora, que no tiene en cuenta todos los matices posibles, es por lo que semejante posición me parece inadecuada y quizá, de algún modo, coincidente con los que se sitúan sólo en la óptica del aspecto moral de la cuestión.
Me da la impresión de que Centella considera la prostitución como un problema meramente social. Es decir mantiene una visión que es heredera de la que tenía la izquierda hace ya muchos años y que era consecuencia de la indudable explotación sexual a la que se veían sometidas muchas mujeres trabajadoras para poder subsistir. Sobre esto sobre cualquier comentario adicional.
Sin embargo, en mi opinión, olvida Centella que siempre han existido personas que han alquilado su cuerpo para satisfacer las necesidades sexuales de otras personas y que hacen de este trabajo su modo de vida.
Evidentemente, nos podrá parecer más o menos atinado y deseable este tipo de trabajo pero, en todo caso, sólo podremos hacer una análisis negativo si nos situamos en una perspectiva moral, pero jamás social y, mucho menos, una laboral o penal. Podremos pensar que deploramos que alguien se dedique ese trabajo pero, en caso alguno, ni las prostitutas o prostitutos, ni sus clientes, podrán ser considerados delincuentes, de igual forma que no lo podrán ser considerados los glotones o los masturbadores porque, de alguna forma, estaríamos equiparando pecado y delito.
Por supuesto, todo lo expuesto sólo sirve para aquellos casos en que la persona que se dedica a la prostitución, lo hace de manera libre y consciente y sólo en ese caso. Huelga decir que, todo lo que suponga una explotación, como en cualquier otra actividad, debe ser castigada sin la más mínima contemplación y con la máxima severidad que prevean las leyes.
Además, se corre el riesgo de que la abolición sólo afecte a quienes menos posibilidades de eludir la ley tengan, de forma que, la prostitución de lujo continúe su actividad sin más problemas como ha pasado siempre, y la más modesta soporte todos los rigores de la ley, de igual forma que únicamente los ricos tienen auténtica capacidad para defraudar a Hacienda.
También quiero que quede claro que la opinión expresada es absolutamente personal y no trata de representar a nadie, por más que yo pertenezca a determinada formación política en la que, además, hay un amplio y no finalizado debate sobre esta polémica cuestión.
Tómese pues, con una modesta aportación, más en el intento de que, de una vez, se aclare el panorama de una serie de personas que, hasta ahora, están en la mayor parte de las ocasiones sujetas a la tolerancia (vista gorda) de las autoridades pero sin la menor protección legal y desprotegidas antes, esta vez si, violencia de grupos de fanáticos moralizantes.
Lo que esperábamos ha sucedido: Elena borbón se ha divorciado de Marichalar tras una temporadita de interrupción de la convivencia, como llamaron de forma cursi y ramplona, a lo que para el común de los mortales, es una separación.
La verdad es que la vida privada de esos dos personajes me la trae al pairo, no me interesa lo más mínimo, salvo en lo tocante a lo que me cuesta a mi bolsillo su manutención. Estaré atento, por tanto, al acuerdo de separación.
Sin embargo, mi interés en este asunto va por otro camino: estoy esperando con auténtico interés la reacción de la Conferencia Episcopal Española (CEE) que, supongo, emitirá una durísima nota de condena por semejante decisión después de que, ambos, fueran casados por el rito sacramental de la Iglesia romana en la catedral de Sevilla con toda la parafernalia del caso y, por supuesto, a cargo del erario público.
Porque la norma canónica es que lo que una Dios que no lo separe el hombre y, que yo sepa, ese precepto no hace distinción de clases y vale igual para un plebeyo que para un miembro de la borbonez. El divorcio está taxativamente prohibido y los divorciados quedan automáticamente separados de la comunión católica. ¿Se aplicará esta norma a la hija del heredero de Franco?
Porque, bien podría ocurrir, que la manga ancha de la Iglesia con algunas personas, vuelva a ponerse de manifiesto e, igual que el cardenal Rouco Varela miró para otro lado a la hora de casar a Leticia Ortíz con Felipe, haga exactamente lo mismo en este caso, con lo que quedará demostrada su hipocresía y su doble vara de medir. Un tarjetita amarilla y a vivir que son dos días.
A ver si así, tras este episodio, nos vamos dando cuenta de con quienes nos jugamos los cuartos y el Gobierno toma buena nota y va colocando a la Iglesia Católica hispana en el lugar que le corresponde que no es otro que en las sacristías.
Hace mucho que deje de ser el anticlerical come curas de mi juventud, algo que me parece sensato y positivo, pero lo que no puedo tolerar es que los jerarcas de la CEE pretendan impartir clases de moral que, a la hora de la verdad, se adapta a las circunstancias según la significación personal de quien la moralina.
Así que, lo dicho, espero y deseo una nota muy dura contra este divorcio.
Desde hace algunas semanas se ha iniciado una operación que pretende convencernos de que existe una conspiración contra los empresarios. Una campaña en la que estarían implicados los sindicatos, el gobierno y algunas fuerzas de Izquierda.
Esta cruzada, liderada por Intereconomía y su medio escrito La Gaceta y secundada por otros grupos informativos, pretende hacer creer a los ciudadanos que los empresarios son víctimas de una conspiración revolucionaria destinada a socavar su existencia.
No es de extrañar semejante actitud siendo el grupo Intereconomía lo que es, pero, en todo caso, urge desmontar semejante engañifa para que, al final, no parezca que los culpables de la crisis fueron los trabajadores que se negaron a pactar una salida a la misma.
En primer lugar hay que decir claramente que los trabajadores de este país hemos dado un ejemplo de sensatez encomiable. Sólo en ocasiones muy concretas y, siempre en defensa del empleo, se han producido manifestaciones y algunos paros. Y esto pese a que el desempleo alcanza ya a cuatro millones de personas.
Las organizaciones sindicales han mantenido una actitud de prudencia absoluta y allí donde han podido y les han dejado, han tratado por todos los medios de alcanzar acuerdos satisfactorios. Un caso muy reciente es el de la fábrica de General Motors en Figueruelas (Zaragoza).
Incluso han resistido las presiones de algunas fuerzas que les aconsejaban una huelga de carácter general que, en mi opinión acertadamente, han desestimado.
Lo que se pretende en realidad es confundir a los ciudadanos y defender la cara a la cúpula de la CEOE que, por otra parte, no representa en absoluto a todos los empresarios.
Lo que sucede es que Intereconomía tiene unas excelentes relaciones con la gran patronal, uno de cuyos vicepresidentes, Arturo Fernández, deja buenas campañas de publicidad de su Grupo Arturo en esa emisora.
Se rasgan las vestiduras la gran patronal, el PP e Intereconomía y rechazan que la gran patronal quiera el despido libre: otra mentira, porque en España el despido libre hace mucho tiempo que existe. Por lo tanto no se puede pedir algo que es una realidad. Es una maniobra de distracción.
Lo que pretende la patronal de patronales es que, además de libre, sea sin indemnización y, si de paso, es posible reducir el coste de las prestaciones sociales pues muchísimo mejor para sus bolsillos. Esta es la realidad.
Pretenden hacernos creer que con un despido sin indemnización habría muchas más contrataciones. Nueva mentira: lo único que se conseguirá es mucha más precariedad en el empleo y que los empresarios pudieran presionar a sus trabajadores para imponerles unas condiciones mucho más leoninas que las ya existentes.
Es posible que en otro país, con otro tipo de patronal, se pudiera creer esa patraña, pero aquí, donde el presidente de la CEOE, señor Gerardo Díaz Ferrán, cuya empresa es un ejemplo de mala gestión, y que se ha declarado públicamente admirador de Esperanza Aguirre, los trabajadores sabemos muy bien que intereses defiende la CEOE.
Y es esta otra cuestión importante: la CEOE no representa los pequeños empresarios en absoluto y, por lo tanto, no puede hablar en su nombre ni atribuirse una representación que afortunadamente no tiene.
Los pequeños empresarios, estos sí, están desamparados ante la crisis y no es la CEOE, ni la gran banca, ni las multinacionales quienes defienden sus intereses. Son ellos mismos a través de sus organizaciones quienes plantean las cuestiones que les preocupan.
La reciente manifestación de agricultores es una buena demostración.
Por tanto, no es posible aceptar que la salida de la crisis sólo haya servido para ajustar las plantillas de las empresas y que todo quede nada más que en eso como pretende la patronal.
No es posible aceptar que se lleven adelante una serie de fusiones en las Cajas de Ahorro que únicamente signifiquen cierre de oficinas y pérdida de empleo, como parece que va a suceder con Caja Castilla-La Mancha.
No es posible que el final de esta crisis se cierre con un desempleo dantesco y sin que los auténticos responsables sigan sentados en sus poltronas como si nada hubiera pasado. Ha pasado, claro que ha pasado, y los responsables de lo que ha sucedido deben de responder de sus crímenes.
No es posible que las ayudas del gobierno sólo beneficien a unos pocos, como los fabricantes de coches, sin que estas empresas garanticen el empleo. SEAT acaba de presentar otro ERE.
No es posible que los ciudadanos vayamos a soportar una subida de impuestos y los grandes empresarios sigan repartiéndose beneficios que muchas veces escapan a cualquier control.
No, no es posible que se aprovechen de la crisis.
En la Roma imperial era costumbre arraigada que se lanzaran todo tipo de acusaciones contra los personajes públicos, sobre todo si eran ricos, porque en el caso de que se demostrara su culpabilidad una buena parte de sus bienes pasaba automáticamente al acusador. Era una forma legal pero inmoral de enriquecerse.
Era tal el cúmulo de acusaciones que muchas veces los implicados se suicidaban, antes de que se celebrara el juicio, para evitar la ruina de sus familias ya que al morir el acusado la acusación dejaba de tener efecto. Así murieron muchos inocentes.
Las inculpaciones eran de lo más variopintas: adulterio, incesto, robo, deslealtad con el emperador, traición, conspiración, publicación de libelos etc.
Pues bien, parece que en España volvemos a reeditar las viejas costumbres romanas y no hay día en el que algún personaje de la vida pública, en cualquiera de sus facetas, se vea envuelto en una demanda por las cosas más disparatadas.
Y, así, vemos como son denunciadas madres por presuntamente secuestrar a sus hijos, padres por no pasar la pensión alimenticia y, sobre todo, políticos de toda clase y condición por delitos relacionados con el cohecho, la estafa y la prevaricación. En muchos casos la demanda no pasa del primer filtro judicial.
Hace poco mostré mi preocupación por lo que considero una utilización morbosa de las imagines de los imputados en un delito pero, de la misma forma, me preocupa la utilización de la justicia para enfangar subrepticiamente a los políticos.
Es cierto que, en la mayor parte de las ocasiones, es el propio sistema judicial o policial el que actúa de oficio, con lo que la garantía de que se obre de acuerdo con la ley, es mucho mayor.
Sin embargo, también otras muchas veces, son organizaciones de claro signo ultramontano las que acusan a instituciones o personas con tal de armar revuelo y ponerlos en una situación complicada.
El último caso, y que va dar mucho que hablar, es el de Diego López Garrido, secretario de estado para la UE que ha sido acusado de prevaricación a causa de una subvención que se concedió a una fundación de la que él fue, en algún momento, partícipe.
Los querellantes son integrantes de una asociación católica muy conservadora y que ya se ha distinguido en ocasiones anteriores por efectuar acusaciones que no han prosperado por ser, según la propia justicia, un conjunto de intenciones espurias. Sin embargo, consiguen propaganda que es lo que pretenden y que el demandado quede en entredicho.
Ahora, esa misma asociación, se ha querellado contra el citado López Garrido y aquí es donde está el problema fundamental porque, sí usamos para todos los políticos la misma vara de medir, el secretario de estado ya debería ir pensando en presentar su dimisión, tal y como se pide en el caso de otros políticos que están en idéntica situación, es decir, acusados pero pendientes de la consiguiente resolución judicial.
El problema es que, por este procedimiento, cualquiera puede, como en la Roma imperial, acusar a otra persona de un delito, y bastaría que el juez aceptase a trámite la querella para que el personaje en cuestión tuviera serias dificultades a la hora de no asumir responsabilidades políticas.
Mantengo, en cualquier caso, que una cuestión es la vía penal y otra muy distinta la responsabilidad política de los cargos públicos. O dicho de otra forma, la inocencia penal no es equivalente a la irresponsabilidad política.
Tal vez hemos llegado a un extremo en el que habrá que replantearse si una querella presentada contra cualquier persona, especialmente si este es un cargo público, y que después no va más allá de la mera admisión a trámite y finalmente es archivada con una severa admonición contra el querellante, no debería ser severamente sancionada de alguna forma para evitar que la proliferación de denuncias, además de colapsar los juzgados se use de forma fraudulenta para obtener réditos inmorales.
Nos hemos acostumbrado a que las acusaciones falsas queden absolutamente impunes y esto ha animado a toda clase de gentecilla carente de ética a usar esta arma como método propagandístico de confrontación política y, es esta, otra de las causas que desacreditan al sistema democrático.
No se entienda esto como una defensa cerrada de López Garrido que, en mi opinión, y dadas las circunstancias comentadas, ya debería haber dimitido.
Días atrás se ha producido una noticia que ha pasado desapercibida, o así al menos me ha parecido a mí, posiblemente eclipsada por el fragor de otras batallas. No por eso pierde su importancia
El caso es que Mario Vargas Llosa ha decidido cambiar de opción y tras años de soporte incondicional al PP de José María Aznar, ha dejado a Mariano Rajoy en la estacada para prestar su apoyo a la UPyD de Rosa Díez.
No caben ya, por tanto, dudas sobre la orientación de la organización de la señora Díez, si es que alguna a vez, había existido alguna. Se trata de una formación de derecha pura y dura. Bueno es saberlo.
Porque, Mario Vargas Llosa, se sitúa por voluntad propia en el extremo más extremo de la derecha más extrema, sin que, dicho sea de paso, suponga esto, en mi opinión, menoscabo para su talento literario. Pero los hechos políticos son los hechos políticos y mejor sin disimulos.
Deliberadamente me he limitado a escribir orientación y no he añadido ideológica, porque la estructura de la señora Díez no tiene tal cosa. Es sencillamente un conglomerado de intereses oportunistas formado en su día por una serie de políticos que rompieron con sus formaciones iniciales y no precisamente por una cuestión de ideas, sino por burda ambición personal.
Y digo personal porque lo que trata la señora Díez es conseguir el poder para ella, para lo que se sirve de ese movimiento organizativo llamado UPyD. No es por tanto la pretensión legítima de cualquier político de alcanzar el gobierno para llevar adelante un programa, sino el deseo personal de ejercer el poder por sí mismo. También sin disimulos
Lo malo de estos movimientos es que se nutren de votos en los momentos de grandes crisis como las que vive ahora España. Crisis en las que las instituciones tienen que dar la talla y, desgraciadamente, no la dan, crisis en las que el gobierno debe brillar y, sin embargo, es sombrío y crisis en las que la oposición debe estar a la altura de las circunstancias y está en lo más bajo de la ética.
Todos estos factores son el mejor caldo de cultivo para que oportunistas como Rosa Díez se alcen como una especie de salvadores de la patria y arrastren a muchos ciudadanos que, políticamente necios, en el sentido latino de la frase, “ne scio”, se dejan embaucar por estos mensajes sin darse cuenta de los peligros que esto entraña.
Porque hacer de este movimiento una fuerza políticamente significativa, equivale a poner las instituciones democráticas en manos de arribistas que sólo buscan el lucro personal. Como carecen de sustento ideológico, una vez logrado su objetivo, es decir el poder por el poder, se aferran a él como un naufrago a una tabla.
La consecuencia es que se debilita la democracia porque, además, al estar formado por personas de muy distinta catadura hay que repartir el poder entre todas las familias o individualidades que forman la citada organización.
Y, si esto ya es peligroso en las organizaciones soportadas en la ideología, y en esto me da igual de derechas que de izquierdas, habrá que imaginar que puede ocurrir el día que UPyD, alcance cierta cota de poder directo o indirecto.
El pasado nos ha mostrado ejemplos terribles de esto. Uno de los más vergonzosos es de Marbella, donde Jesús Gil convirtió la política en una cloaca indecente justo con un mensaje populista que tenía como base desacreditar a las instituciones y convencer a los ciudadanos de que todos los políticos son iguales, pero que él, por lo menos, hacía cosas por su pueblo.
Recordemos esto a la hora de la verdad.
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha demostrado hoy que es un loco peligroso. Así ha quedado expuesto tras su incalificable intervención en las Corts de la Comunidad que preside, donde ha acusado al portavoz del PSPV, Ángel Luna, de desear acudir a su domicilio por la noche en una furgoneta y que al día siguiente aparezca muerto (Camps) boca abajo en una cuneta.
Jamás en todos los años en los que me ocupo de las cuestiones políticas había oído una intervención tan siniestra, tan repugnante y tan escalofriante. Camps ha acusado a un diputado de la oposición de querer perpetrar un asesinato con nocturnidad y alevosía. Si esto queda impune es que este país, al igual que Camps ha perdido el juicio.
Y no basta, como ha sugerido Leire Palín con una rectificación del tal Camps, sino que tiene que producirse su dimisión o cese de forma inmediata y fulminante y su ingreso en una institución de salud mental hasta que quede totalmente demostrada que su estado se ha recobrado y no supone un peligro para los demás.
No se puede consentir que quien es capaz de hacer semejante afirmación, ya sea en un foro parlamentario o fuera de él, esté al frente de un gobierno ni un minuto más después de haberla efectuado. Esto no entra dentro de las posibles refriegas acaloradas en el curso de un debate. Esto es un ejercicio peligrosísimo de incitación al odio y al enfrentamiento.
Mariano Rajoy, presidente del PP, partido al que pertenece este orate indigno, debe tomar las medidas necesarias para apartar de la vida pública a semejante individuo que con su actitud ha pasado de ser un presunto chorizo, a un demostrado loco peligroso. De no hacerlo será cómplice de semejante acusación y de sus consecuencias.
Hoy se cumplen 92 años desde que un grupo de personas entraron por una puerta lateral del Palacio de Invierno de Petrogrado y dieron comienzo a una serie de hechos revolucionarios que durante diez días estremecieron al mundo, como relató maravillosamente John Reed.
Muy poco, por no decir nada, queda, salvo en la memoria de algunos, de la obra que pretendió ser la primera revolución socialista mundial y que, por motivos de diversa índole, quedó en un intento fallido y terrible que, también, aunque de forma bien distinta a la que esperaban fervorosos esos primeros revolucionarios, conmovió los cimientos de la historia.
Uno de los motivos que originó ese tremendo fracaso fue, sin duda, que el Partido Comunista soviético se convirtió en una organización burocrática, encerrada en si misma y con una especie de infalibilidad ideológica que le llevó a equivocarse en repetidas ocasiones sin que hubiera la más mínima corrección ante los hechos que demostraban tozudamente los errores.
No es mi intención recordar esos hechos, ya parte de la historia, sino utilizarlos como recurso para señalar mi preocupación por el futuro de Izquierda Unida y sus consecuencias para la sociedad española.
Ayer, algunos compañeros escribieron con brillantez lo que consideran un mal comienzo en IU de la Comunidad de Madrid. De hecho, reproduje íntegro el artículo de uno de ellos, Rafael G. Almazán, que me pareció verdaderamente interesante y compendio de nuestro sentimiento general ante el rechazo a debatir la propuesta de IU Abierta de cara a los próximos envites electorales.
Sin embargo, estoy seguro de que, para muchos, el artículo de RGA será únicamente una variedad de agresión fraccionalista a quienes detentan la mayoría, un recurso al pataleo o una rabieta. No habrán entendido nada.
Se trata -creo- de un texto que denota dos cosas esenciales: por un lado, una profunda preocupación y, por otro, una no menos intensa decepción por la actitud de quienes tienen, precisamente por ser la mayoría, más responsabilidad en sus actuaciones políticas.
Es cierto que se afirma, por ejemplo, que la mayoría no prestó atención al documento presentado por lo que se ha dado en denominar IU Abierta. Pero esto, no es más que la mera constatación de un hecho. Es decir, se impidió el debate con argumentos tales como que el citado escrito no suponía enmienda alguna al texto presentado por esa mayoría.
La realidad es, sin embargo, muy distinta porque ese texto se basa en las líneas que apuntalan la refundación de IU, mientras que el de la mayoría se aleja de unos criterios que fueron fijados en la última Asamblea Federal. ¿Cómo se puede decir que no enmienda, si lo que hace es precisamente eso?
Una vez más, nos encontramos ante los hechos consumados. La mayoría cree que esa condición, que nadie discute, equivale a posesión de la verdad absoluta, descartan estar equivocados y no consideran necesario debatir otras propuestas. Ese es su gran error.
Por otro lado, leo en algún medio de comunicación que el documento alternativo lo presentó el grupo que lidera Inés Sabanés. Tampoco éstos han entendido nada o, aún peor, pretenden desviar el meollo del debate para eludir el fondo de la cuestión.
Inés Sabanés no lidera grupo alguno. Sencillamente, una serie de militantes de IU-CM, hemos reconocido en ella una serie de valores que hacen que consideremos que debe ser una de las personas llamadas a ejercer un papel determinante en eso que se supone va a ser la refundación de IU. Tiene lo que se suele considerar autoridad moral.
El liderazgo, en mi opinión, se ejerce, mientras que, la autoridad moral, se reconoce como un valor personal por parte de los demás que no la discuten porque no supone una relación jerárquica, sino ética. El primero, por tanto es disputable, la segunda no.
Creo que, como señala RG Almazán, hemos empezado mal, y nos puede ocurrir como a los sucesores de los revolucionarios de 1917 que, por enclaustrarse en su infalibilidad, se convirtieron un partido anquilosado e inservible que acabó expulsado del poder por un demagogo subido en un carro de combate.
Corremos el enorme riesgo de que nos pase, después de noventa y dos años para aprender, lo mismo y que, algún o alguna demagoga, nos expulse de la vida política y nos envíe directamente a los libros de historia como un simple recuerdo de otra utopía fracasada, en un momento decisivo para una ciudadanía desconcertada que espera respuestas y soluciones y, sobre todo, está harta de no ser escuchada.
