LA OBEDIENCIA DEBIDA

A lo largo de la historia miles de criminales han justificado sus actos con el manto protector de la obediencia debida,  de que  sólo cumplían órdenes  por muy crueles que estas fueran.  Así han pretendido justificar sus acciones y eludir la acción de la justicia.

Y,  si repasamos esa misma historia,  veremos que en la mayor parte de las ocasiones,  esa justificación ha servido para que la responsabilidad por sus crímenes quedara diluida y sin castigo y así, las víctimas,  doblemente perjudicadas.

El caso más conocido,  pero ni mucho menos el único,  es de los miles de criminales nazis que,  no solo no fueron castigados,  sino que se integraron en la vida como si nada hubiera ocurrido,  y en muchos  casos , alcanzaron premios de diversa índole,  social,  laboral, política.  Muchos no sabían, ni veían.

Parece obvio que para impedir esa barbarie,  la obediencia debida debería tener una serie de límites que estarían en relación con la transgresión de los derechos más elementales de las personas.  Y aquí es a donde quiero llegar.

En las últimas semanas nos hemos enterado con profusión de que se han impedido por la acción de muchos ciudadanos desahucios de personas que,  por el motivo que sea,  no podían hacer frente al pago de su vivienda. 

Recuerdo con especial indignación,  el caso de una madre que, finalmente sí fue arrojada de su casa, y que comentó “no soy morosa sino pobre”.

Esta caso, ocurrido en Madrid, es especialmente grave porque la madre en cuestión,  tiene a su cargo dos hijos,  uno de ellos con una discapacidad del 77 por ciento.

Los bancos, sin duda las entidades más repugnantes y odiosas del sistema capitalista,  ponen en marcha los mecanismos legales para quedarse con la casas de quienes nos les pagan las hipotecas, que en este caso es de un total de 200.000 euros, que es lo que gana Rodrigo Rato en una semana en Bankia.

Y para ello,  se valen de los instrumentos legales que el sistema pone a su disposición de forma que,  el poder judicial y  muchas veces  las fuerzas policiales,  son cooperadores necesarios para que la orden de desalojo se pueda llevar a cabo.

También hemos tenido la oportunidad  de ver a las fuerzas antidisturbios empleándose con contundencia contra quienes pretendían impedir, en nombre del  derecho a tener una vivienda digna,  que se produjera ese desalojo.

En el caso que he citado,  se utilizaron 50 agentes para reprimir a 20 activistas y se estableció un perímetro de “seguridad” un kilómetro alrededor de la casa.

Está claro que tanto el sistema judicial  como el policial,  están en ese momento al servicio de la banca,  que es la beneficiaria de una legislación injusta e inmoral que, además,  es una violación de la Constitución española tal y como se deduce fácilmente de la lectura de su artículo 47 que transcribo:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

 La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos

¿Podrán esos funcionarios del  estado aducir la obediencia debida?