EL PROBLEMA NO ES SORTU

El problema con Sortu no es la mayor o menor credibilidad y confianza que nos puedan proporcionar sus impulsores o sus promotores, sino saber si sus estatutos se atienen a la Ley de Partidos. Si es así no hay razón por la que se pueda impedir su  inscripción en el registro de tales organizaciones. Si fuera por la confianza que merecen los políticos,  posiblemente  no habría ni uno que pasara ese examen.


Se ha tratado pues desde el principio, no de saber si Sortu cumple la la Ley,  sino de un debate de trasfondo político en que se han mezclado varios conceptos, y han existido presiones inadmisibles como las del propio presidente del gobierno y sus secuaces de del psoe, con alguna excasa excepción y, por supuesto, del PP y la caterva constitucionalista.

Resulta paradójico que se afirme con rotundidad que Sortu es la continuación de Batasuna y,  por tanto, una intentona política de ETA para participar en las elecciones, mientras los impulsores y promotores de tal proyecto están libres y sin procesar.

Si ese arguemto fuera sostenible, que no lo creo,  por lo menos  pueden ser presuntos colaboradores de una banda armada. Me parece absolutamente disparatado. Una de dos, o nos es así, o la justicia es absurda.

Esto demuestra, en mi opinión, que todo este asunto se basa en una gran mentira, en la que se lleva machaconamente insistiendo años y años. El problema es que los dos partidos que se llaman a si mismo constitucionanlistas no pueden permitir que Sortu participe en las elecciones por la sencilla razón de que, en la mayoría de los casos, supondría para ellos una seria pérdida de influencia, empezando por el propio gobierno vasco de pachi lópez quien, si está donde está, es gracias a la exclusión de la izquierda abertzale que falseó el resultado electoral.

Para las constitucionalistas en necesaria la existencia de ETA y la marginalidad de la izquierda abertzale.

ETA es el pretexto para mantener a Sortu fuera de juego. De esto no me cabe la menor duda desde que el mentiroso de la Moncloa dijo bien a las claras que mientras subsista esa organización, Sortu tendría muy difícil su legalización. Lo dicho, más claro agua.

Pero, evidentemente, hay que dar a todo esto un aspecto de legitimidad y, para que la responsabilidad no sea sólo del Gobierno, involucran al Tribunal Supremo que debería limitarse a actuar sobre las pruebas que suponen los estatutos de Sortu y nada más. Es decir, sobre hechos y no sobre conjeturas.

Las opiniones de los policías. guardias civiles y otros presuntos expertos en ETA, no deben en absoluto suponer un impedimento para que esa organización pueda concurrir a las elecciones. Se está decidiendo sobre suposiciones y presunciones y no sobre pruebas y esto es gravísimo porque equivale a liquidar la presunción de inocencia.

En todo caso, si se tuviera la seguridad de que alguna persona fuera "continuadora" de ETA-Batasuna,  habría que actuar de forma personalizada,  no castigar a todo un pueblo.

También está claro que los jueces han sido influidos por el entorno y, pese a eso, la resolución ha distado mucho de ser unánime. Ya veremos qué pasa cuando el asunto llegue -que llegará- a Estrasburgo y pueda ocurrir lo mismo con con la multa que hay que pagar a Arnaldo Otegi por hacer uso (él) de la libertad de expresión.

En definitiva, la España bipartidista, no puede admitir absolutamente nada que se salga del guión de la borboncracia, de forma que incluso el independentismo, como en el caso de ERC, no debe sobrepasar ciertos límites, debe mantenerse dentro de los cánones y, eso sí, de vez en cuando puede hacer alguna extravagancia que, justo eso, no pasa de ser una extravagancia dirigida a la galería.